Qué es la Comisión Deontológica

 I. Comisión Deontológica

La Comisión Deontológica regional es el órgano colegial que se encarga de velar por el correcto ejercicio de la profesión, a fin de garantizar el respeto de los principios deontológicos, mediante la ordenación y potestad disciplinaria frente a quienes ejerzan la actividad profesional, en beneficio de sus usuarios.

Son competencias de la Comisión Deontológica:

1.- La función instructora en el Procedimiento Disciplinario.

2.- Emitir Informes de carácter vinculante en lo referido a la calificación disciplinaria de los actos profesionales que se sometan a su valoración por razones de deontología, y de carácter consultivo en todos los demás asuntos relacionados con la normativa deontológico profesional.

3.- Promover comportamientos éticos en el ejercicio de la profesión.

4.- Desarrollar el Código Deontológico, las normas reguladores del correcto ejercicio profesional y las normas reguladoras de los procedimientos de actuación propios de la Comisión.

II. Principios Básicos Reguladores del Ejercicio Profesional

Capítulo V

De los principios básicos reguladores del ejercicio profesional

Artículo 24. Definición de la actividad del Psicólogo.

El Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla – La Mancha asume la siguiente definición basada en la establecida por la Organización Internacional del Trabajo en la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones, sin perjuicio de la configuración normativa que, conforme a lo previsto en el artículo 36 de la Constitución, en relación con la actividad profesional de psicólogo, en el futuro pueda ser aprobada, y sin perjuicio de las actividades atribuidas a otras profesiones por razón de su titulación. Según esta definición, los psicólogos realizan investigaciones y estudian los procesos mentales y el comportamiento de los seres humanos, individualmente o como miembros de grupos o sociedades, y asesoran sobre estos conocimientos o los aplican a fin de promover la adaptación y el desarrollo tanto individual como social, educativo o profesional de las personas.

Dentro de sus tareas, sin perjuicio de la evolución de la ciencia psicológica, se incluyen, entre otras, las siguientes:

a) Realizar la práctica de la psicoterapia individual, de pareja, familiar o grupal en el ámbito de la salud o en otros ámbitos relacionados con la Psicología.

b) Idear, organizar y efectuar pruebas psicológicas con el fin de determinar las características mentales, físicas y de otro tipo de las personas, por ejemplo en lo que se refiere a inteligencia, facultades, aptitudes y disposiciones, interpretar y evaluar los resultados y ofrecer asesoramiento sobre esto.

c) Analizar la influencia de los factores hereditarios, sociales, profesionales y de otro género sobre la forma de pensar y el comportamiento de cada persona.

d) Realizar entrevistas de carácter terapéutico, diagnóstico, de evaluación o asesoramiento y prestar servicios de apoyo y orientación posterior.

e) Mantener los contactos necesarios con familiares, autoridades docentes u empleadores, y recomendar cómo resolver o tratar los problemas.

f) Estudiar los factores psicológicos en el diagnóstico, tratamiento y prevención de trastornos mentales o alteraciones emocionales o de la personalidad, y consultar con profesionales de ramas conexas.

g) Preparar ponencias e informes de carácter académico o científico.

h) Realizar tareas afines.

i) Supervisar a otros trabajadores.

Todas ellas sin perjuicio de las actividades atribuidas a otras profesiones por razón de su titulación.

Artículo 25. Ejercicio de la profesión.

En todo caso, la actuación profesional habrá de ser conforme con las normas contenidas en el Código Deontológico del Psicólogo, aprobado por el Colegio.

Artículo 26. Fundamentos del ejercicio de la Profesión.

El ejercicio de la profesión se basa en la independencia de criterio profesional, la adecuada atención al cliente y el servicio a la comunidad.

El psicólogo tiene el derecho y el deber de guardar el secreto profesional. El psicólogo deberá mantener una formación científica y técnica continuada, para obtener una mejor capacitación profesional.

En todo caso en sus trabajos, informes y diagnósticos, deberá distinguir cuidadosamente lo que presenta a nivel de hipótesis de aquellas conclusiones que puedan considerarse fundamentadas. El psicólogo se debe aceptar ningún trabajo que atente contra su autonomía profesional, o aquellos en que se susciten problemas que no puedan ser asumidos en al estado actual de la técnica.

Artículo 27. Publicidad y competencia desleal.

El psicólogo ejercerá su profesión en régimen de libre competencia y estará sometido, en cuanto a la oferta de servicios y fijación de su remuneración, a la legislación sobre defensa de la competencia, competencia desleal y publicidad.

Está prohibido, en cualquier caso la propaganda engañosa, la que ofrezca mejor condiciones económicas y la que ofrezca garantías en los tratamientos. El psicólogo debe procurar, de acuerdo con los usos científicos, la comunicación de su saber a la comunidad profesional.

Artículo 28. Derechos del cliente y del usuario.

El cliente, y en su caso sus representantes legales, deben conocer los objetivos y posibles consecuencias de cualquier proceso o tratamiento que vaya a realizarse. En todo caso el Psicólogo ha de respetar la autonomía, la libertad de decisión y la dignidad del cliente y del usuario y especialmente cuando se trate de menores.

Cuando se halle ante intereses personales o institucionales contrapuestos procurará el psicólogo realizar su actividad con la máxima imparcialidad. La prestación de servicios para una institución o entidad no exime de la consideración, respeto y atención a las personas que puedan entrar en conflicto con la institución o entidad mismas y de las cuales el psicólogo, en aquellas ocasiones en que legítimamente proceda, habrá de hacerse valedor ante las autoridades institucionales.

A través de la página web del Colegio, los usuarios de servicios de Psicología podrán acceder al registro actualizado de colegiados, al registro de sociedades profesionales, a las vías de reclamación y a los recursos que podrán interponerse en caso de conflicto entre el usuario y un colegiado o el colegio profesional, a datos de las asociaciones u organizaciones de consumidores y usuarios a las que los destinatarios de los servicios psicológicos pueden dirigirse para obtener asistencia, así como al contenido del Código Deontológico.

Artículo 29. Trabajos escritos.

Todos los trabajos profesionales que hayan de emitirse documentalmente, tales como informes, dictámenes, diagnósticos, etc., deberán ser firmados por el profesional, expresando su número de colegiado y responsabilizándose de su contenido y oportunidad.

III.- Régimen Disciplinario

TÍTULO VIII

Del Procedimiento Disciplinario

Capítulo I

Actos previos y competencia

Artículo 88. Información reservada.

Con anterioridad al acuerdo de iniciación del procedimiento disciplinario, se podrá abrir un periodo de información reservada, con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la necesidad o no de iniciar dicho procedimiento.

La información reservada será realizada por la Comisión Deontológica.

Las actuaciones que se lleven a efecto en este periodo tendrán el carácter de reservadas y su duración será la estrictamente necesaria para alcanzar los objetivos.

Artículo 89. Órganos competentes.

1. La Junta de Gobierno del Colegio será el órgano competente para decidir de oficio o a propuesta de la Comisión Deontológica, sobre la iniciación del procedimiento.

2. La función instructora se ejercerá a través de la Comisión Deontológica, la cual designará a uno de sus miembros como instructor. En ningún caso podrá ser instructor aquella persona que forme parte del órgano que tenga competencia para resolver el procedimiento.

3. Será órgano competente para resolver el procedimiento, la Junta de Gobierno del Colegio que, asimismo, es competente para imponer, en su caso, las sanciones que figuren en la propuesta de resolución.

4. La Junta de Gobierno del Colegio será competente para ordenar, de oficio o a propuesta de la Comisión Deontológica, el sobreseimiento del procedimiento o para declarar la no exigencia de responsabilidad disciplinaria.

Capítulo II

Iniciación del procedimiento

Artículo 90. Formas de iniciación.

Los procedimientos incoados en el ejercicio de la potestad disciplinaria se iniciarán siempre por acuerdo de la Junta de Gobierno, bien por propia iniciativa o a propuesta de la Comisión Deontológica, como consecuencia de petición razonada de otro órgano o por denuncia.

En cualquier caso, la denuncia habrá de ser razonada y nunca podrá ser admitida una denuncia anónima.

Artículo 91. Formalización del acuerdo de iniciación.

1. La iniciación del procedimiento disciplinario se formalizará con el acuerdo de la Junta de Gobierno que contendrá los particulares siguientes:

a) Identidad del presunto responsable.

b) Identidad del instructor y, en su caso, con expresión del régimen de recusación, que no podrá ser otro que el previsto en la legislación vigente.

c) Exposición detallada de los hechos que se le imputan.

d) La calificación de las infracciones que tales hechos pudieran constituir.

e) Sanciones que se le pudiera imponer.

f) Autoridad competente para imponer las sanciones y normas que le atribuyen tal competencia.

g) Medidas de carácter cautelar que se hayan acordado por la Junta de Gobierno, sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la tramitación del procedimiento.

2. El acuerdo de iniciación se comunicará a la Comisión Deontológica y a los interesados, entendiéndose por tales a los imputados o a su legal representante, cuando se trate de sociedades profesionales.

3. En caso de que exista, el acuerdo de iniciación también se comunicará al denunciante.

Capítulo III

Instrucción del procedimiento

Artículo 92. Actos de instrucción y alegaciones.

1. Los inculpados o cuando se trate de sociedades profesionales su legal representante dispondrán de un plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de la notificación del acuerdo de iniciación, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes para su defensa y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse. En la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento, se indicará dicho plazo a los interesados, entendiéndose por tales a los imputados o cuando se trate de sociedades profesionales a su legal representante.

2. Cursada la notificación a que se refiere el punto anterior, el instructor dispondrá de igual plazo de quince días para acordar de oficio las pruebas que considere necesario practicar para la resolución del procedimiento.

Artículo 93. Práctica de la prueba.

1. Sólo podrán ser rechazadas aquellas pruebas que, mediante resolución motivada, sean declaradas manifiestamente improcedentes o innecesarias.

2. El periodo de prueba no será superior a treinta días, ni inferior a diez.

3. La práctica y valoración de la prueba se efectuará conforme a lo dispuesto en la legislación vigente.

4. El instructor comunicará al interesado, entendiéndose por tales a los imputados o cuando se trate de sociedades profesionales a su legal representante, con antelación suficiente, el lugar, la fecha, y hora en que se practicarán las pruebas, a fin de que pueda asistir.

Artículo 94. Propuesta de Resolución.

1. Concluida la instrucción del procedimiento, el instructor formulará Propuesta de Resolución, en la que se fijarán de forma motivada los hechos, especificando los que se consideran probados y su calificación, se determinarán las infracciones que aquellos constituyan y la persona que resulte responsable, especificando la sanción que propone que se imponga, o bien se propondrá la declaración de la no existencia de infracción o de responsabilidad.

2. El instructor presentará su Propuesta de Resolución ante la Comisión Deontológica, que la estudiará para elevar en su momento a la Junta de Gobierno la Propuesta de Resolución definitiva.

Artículo 95. Trámite de audiencia.

1. La Propuesta de Resolución se notificará a los interesados entendiéndose por tales a los imputados o cuando se trate de sociedades profesionales a su legal representante, indicándoles la puesta de manifiesto del procedimiento. A la notificación se acompañará una relación de documentos obrantes en el procedimiento, concediéndose un plazo de quince días para formular alegaciones y justificaciones que estime pertinentes ante el instructor.

2. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones ni pruebas que las aducidas por el interesado.

3. Oído el inculpado o transcurrido el plazo sin alegación alguna, la Propuesta de Resolución definitiva se cursará inmediatamente a la Junta de Gobierno, que es el órgano competente para resolver el procedimiento e imponer las sanciones, junto con todos los documentos, alegaciones e informaciones que obren en el mismo.

Capítulo IV

Finalización del procedimiento

Artículo 96. Resolución.

1. El plazo para resolver el procedimiento disciplinario será de seis meses a contar desde la notificación del acuerdo de iniciación.

2. La Junta de Gobierno dictará Resolución, que será motivada y decidirá sobre todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del procedimiento.

3. En la Resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en la fase de instrucción del procedimiento, con independencia de la diferente valoración jurídica. No obstante, cuando la Junta de Gobierno considere que la infracción reviste mayor gravedad que la determinada en la Propuesta de Resolución, se notificará al interesado para que aporte cuantas alegaciones estime conveniente, concediéndole un plazo de quince días.

4. Las Resoluciones se notificarán a los interesados, entendiéndose por tales a los imputados o cuando se trate de sociedades profesionales a su legal representante, y será ejecutiva cuando ponga fin a la vía corporativa.

Capítulo V

Régimen de recursos

Artículo 97. Recursos.

1. Contra la Resolución de la Junta de Gobierno que ponga fin al procedimiento disciplinario, el interesado, entendiéndose por tales a los imputados o cuando se trate de sociedades profesionales a su legal representante, en el plazo de un mes, podrá interponer recurso ordinario ante el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla – La Mancha. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.

2. El recurso podrá interponerse ante la Junta de Gobierno del Colegio que dictó la resolución disciplinaria o ante la Comisión de Recursos competente para resolverlo.

3. Si el recurso se presentase ante la Junta de Gobierno, esta deberá remitirlo a la Comisión de Recursos en el plazo de quince días, con una copia completa y ordenada del expediente. La Comisión de Recursos podrá solicitar informe sobre el expediente a la Junta de Gobierno.

4. Contra la resolución de la Comisión de Recursos dictada en el recurso ordinario, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo.

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