Según informa el Congreso de los Diputados en Nota de prensa, el Pleno del Congreso ha aprobado en la sesión de este jueves la moción consecuencia de interpelación urgente “sobre las políticas desarrolladas en el ámbito educativo para la prevención, detección y atención a los problemas de salud mental y de la conducta suicida ante el alarmante incremento de casos”, impulsada por el Grupo Popular.
A través de esta iniciativa, el Congreso insta al Gobierno a convocar, “con carácter urgente”, a la Conferencia Sectorial de Educación para “la elaboración de un Protocolo integral para la prevención, detección y atención de la salud mental y de la conducta suicida en la infancia y la adolescencia en el ámbito educativo”, mediante la aprobación de un programa de cooperación territorial plurianual que “aborde la detección precoz de los casos de niños y adolescentes con conducta suicida, y permita actuar con la mayor celeridad posible”.
Con este objetivo, la Cámara Baja pide impulsar, entre otros asuntos, “la coordinación y derivación efectiva entre centros escolares, centros sanitarios y servicios sociales”, un “plan específico de formación del profesorado y profesionales que trabajan con niños y adolescentes para la prevención y detección de conflictos relacionados con la convivencia escolar” y la “definición del perfil profesional y requisitos del coordinador de bienestar y protección de los centros educativos”, contemplada en la Ley Orgánica 3/2020 y la Ley Orgánica 8/2021.
Convocatoria extraordinaria de un examen PIR
En la misma línea, el Pleno, con la aprobación de esta moción, reclama incrementos progresivos “del número de orientadores escolares, conforme a la recomendación de la UNESCO”, y “de plazas de formación sanitaria especializada en la especialidad de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia”, así como la “convocatoria extraordinaria del examen de Psicólogo Interno Residente”.
Finalmente, considera necesario incorporar “actuaciones y prácticas educativas de éxito basadas en evidencias científicas destinadas a la prevención y orientación de problemas de salud mental”, implantar “campañas de prevención y sensibilización social, en particular dirigidas a los alumnos espectadores” e impulsar “las reformas legislativas precisas para proteger a los niños y adolescentes tanto del ciberacoso como del acceso a contenidos inapropiados a cada edad”.
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